40 años sin justicia para Monseñor Romero

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, lamentó que después de 40 años del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, el estado salvadoreño todavía mantenga en la impunidad a los responsables de dicha ejecución que ha sido considerada como un crimen de lesa humanidad.

El titular de la PDDH recordó que hace casi 20 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de fondo 37/00 de 13 de abril del año 2000, le ordenó al Estado salvadoreño “investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extralegal de Monseñor Romero, reparar las consecuencias de las violaciones cometidas y adecuar la legislación interna a la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General de 1993”.

Además, señaló el hecho de que, en julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expulsó del ordenamiento jurídico la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, normativa que impidió durante más de 23 años el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición para los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambas partes en el contexto del conflicto armado.

“Ahora se cumplen 40 años del momento aquel en que fue segada la vida física del más representativo de los defensores de derechos humanos de este país, por parte de un grupo armado ilegal con apoyo y aquiescencia del Estado y más de 3 años desde que se dejó sin efecto la ley de amnistía, y aún no se conocen mayores avances en la investigación de los hechos”, apuntó Tobar.

Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador, mientras celebraba una misa. De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, las personas responsables de dicha ejecución extralegal son: el ex Mayor Roberto D’Aubuisson, los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, además Fernando Sagrera, Mario Molina, Amado Antonio Garay y Walter Antonio “Musa” Álvarez. Asimismo se señaló a la Corte Suprema de Justicia como responsable de asegurar la impunidad respecto a la autoría intelectual del asesinato.