La situación que vive el país, que es herencia de una historia de malas decisiones de gobiernos anteriores y del impacto que ha generado la pandemia de COVID-19, entre otros factores, son argumentos válidos para poner en el centro del debate de las posibles reformas constitucionales, que al final son, para el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, una oportunidad de lograr “un gran acuerdo de país”.
Esto, según el vicemandatario, no implica cambiar el régimen democrático del país, el sistema político y la alternancia en el ejercicio de la Presidencia, por lo que lamentó que haya voces que ven este “fantasma” cada vez que se habla de debatir escenarios y posibles reformas constitucionales, que implican la aprobación de una Asamblea Legislativa y la ratificación de la siguiente.
“Esta responsabilidad, delegada por el Presidente Bukele, de lo que se trata es de coordinar y liderar un debate nacional que involucre a la mayor cantidad de actores políticos, económicos, académicos y sociales para que, con sus aportes, nuestro país se modernice, ¿por qué no podemos dialogar sobre algo tan transcendental para la vida democrática de un país como es su Carta Magna?”, cuestionó Ulloa.
Por ello, confirmó que se ha creado una Comisión al respecto y que el ex coordinador general del FMLN y reconocido jurista Fabio Castillo ya forma parte de esta instancia, que, según el vicepresidente Ulloa, es multidisciplinaria y que admite todas las corrientes políticas e ideológicas.
“La invitación está abierta para todos los salvadoreños, lo importante es abrir el debate, desde un taxista hasta un profesional, todos somos ciudadanos y tenemos derecho a aportar sobre la Carta Magna, que no se ajusta a la realidad de El Salvador porque lo que se han hecho, en las últimas cuatro décadas, son más enmiendas vía sentencia de la Sala de lo Constitucional y no una reforma profunda y con sustancia”, analizó el vicemandatario.
En esta línea, el vicepresidente Ulloa recordó que hay aspectos que son elementales en el debate y que ponen en perspectiva la importancia de la discusión sobre la Constitución.
Un ejemplo simple, que destacó el vicegobernante, es que luego de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre el tema limítrofe con Honduras en 1992, en la Constitución no están actualizados los límites del territorio nacional, lo cual es importante por temas de soberanía y para tener claridad sobre el espacio que define el país.
Otro elemento, importante para la discusión, es la elección de funcionarios de segundo grado como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas y Fiscal General de la República, donde el debate puede girar alrededor de su forma de elección y los perfiles. Incluso también se pueden separar las funciones jurisprudenciales y administrativas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) o de otros organismos.
“Todos estos son temas importantes, abramos el debate, hagamos una propuesta para que, por ejemplo, todos los delitos relacionados con corrupción y desfalco de fondos públicos no prescriban y que haya más candados en relación a la probidad de los funcionarios, todo eso es de discutirlo, de eso se trata”, agregó el vicepresidente.
Según Ulloa, a este análisis es importante darle continuidad, por lo que junto con Castillo avanzarán en la metodología de los debates y en cómo integrar los aportes que se vayan realizando en diferentes jornadas y plataformas de consulta y de retroalimentación, que se anunciarán más adelante.
Hay que recordar que, según sentencia de la Sala de lo Constitucional, entre la fecha de elecciones de alcaldes y diputados y su toma de posesión (1 de mayo) no se pueden hacer reformas constitucionales, lo que demuestra aún más que ese planteamiento de la “reelección indefinida” está sin asidero, además de ser una clausula pétrea de nuestra Carta Magna.
Ulloa, como vicepresidente y líder de este diálogo, y el Gobierno se comprometen a respetar el Estado de Derecho, a incluir a todos los sectores de la vida nacional y a lograr siempre lo mejor para la vida de los salvadoreños, incluyendo la posibilidad de tener, una Carta Magna actualizada y acorde con las necesidades y realidades del país.